El Pleno resolvió trece expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas con el voto a favor del Grupo Popular .
Tanto el PSOE como el PR votaron en contra.
El Ayuntamiento celebraba el pasado 23 de diciembre el que, probablemente, sea el último Pleno del año.
Entre otros puntos, el Pleno abordó la resolución de trece expedientes sancionadores por infracción urbanística (construcciones ilegales).
De ellas, siete son consideradas muy graves y se les impone sanciones que oscilan entre los 32.661 euros y los 129.862 euros.
Tres son graves y se les impone sanciones que oscilan entre los 7.832 euros y los 10.865 euros.
Dos expedientes se archivan porque han prescrito y uno se archiva porque se comprueba que no hay infracción.
El PSOE votó en contra de todas las resoluciones salvo en el expediente que se archiva porque no hay infracción.
Justificaba su voto en base a varios motivos. En primer lugar, según explicaba su portavoz, porque hay expedientes que han prescrito después de 8 años de gobierno del Partido Popular.
En segundo lugar, porque consideran que “tenemos una mala ley y una mala interpretación” y denuncian que se han hecho rebajas en las sanciones muy graves y se mantienen las graves.
En tercer lugar, porque es una ley injusta, porque va contra una costumbre, y no proporcional, porque no guarda ninguna proporcionalidad entre la infracción y la sanción”, según explicaba Santiago Álvarez.
Por su parte el concejal regionalista, Jesús Gil de Gómez, votó en contra porque, según explicó, no cree en la Ley y “porque -el equipo de gobierno municipal - ha tenido tiempo suficiente para hablar con el Gobierno de La Rioja para intentar cambiar la Ley y hacer una reordenación”. Asimismo considera injustos la ley y los criterios que se han tomado a la hora de sancionar.
El portavoz municipal y concejal de Urbanismo, Manolo Soria, puntualizaba que este problema se viene arrastrando desde hace muchos años. Defendió la similitud de las sanciones con las de “la tanda anterior” y que el trato “ha sido el mismo para todos”.
Para finalizar, el alcalde, Juan Antonio Abad, manifestó que el problema de las casillas es “culpa del PSOE , que ha gobernado durante 20 años y han sancionado a quien han querido y no han sancionado a quien no han querido”
Subrayó que el objetivo de los expedientes es hacer cumplir la Ley, y defender el Medio Ambiente, ya que “se han cargado el patrimonio natural”.
Recriminó tanto al PSOE como al PR tener una cobardía política en este tema, y les animó a ir todos “juntos“ en la aplicación de la ley.
Otros asuntos fueron la aprobación con el voto a favor de PP y PSOE y la abstención del PR, de la resolución del contrato de “Gestión de servicios múltiples en las instalaciones deportivas”, con la empresa Área Azul. Según explicó el concejal de Deportes, Ricardo Garrido,”hubo varias conversaciones con la empresa, en las que se le exigió que cumpliera el pliego. No lo ha cumplido y finalmente fue la empresa quien decidió abandonar el servicio”.
Del mismo modo se aprobaba la adjudicación del nuevo contrato de gestión de servicios múltiples en las instalaciones deportivas, con el voto a favor de PP y PSOE, y la abstención del PR.
También con el voto a favor del PP y PSOE, y el voto en contra del PR, se aprobaba el expediente de cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de una parcela municipal de equipamiento público junto al IES Celso Díaz, para la construcción de un salón de actos en el instituto.
El Pleno también debatió la modificación del PGOU, en su artículo 193 y la delimitación del Sector Industrial SI-5. Este sector se sitúa en la zona de “la fiscala”, donde se había previsto en la anterior legislatura la construcción de viviendas unifamiliares, una zona de ocio, con cine y bolera y una zona comercial. A petición de la promotora se modificaría esa zona residencial por una zona industrial.
El PR mostró su desacuerdo con el cambio, apostando por el sector residencial y de ocio.
Manolo Soria le recordó que aquel proyecto fue rechazado por la COTUR, que no consideraba oportuno “saltar” el suelo residencial al otro lado del río.
Su conversión en suelo industrial supone darle más capacidad al Polígono de Planarresano, y también serviría para renovar un colector de aguas residuales en el referido polígono, según explicaba Soria.
Asimismo se planteaba aprobar la modificación del artículo 193 del PGOU, pero el punto se dejó pendiente a propuesta del alcalde, ante algunas dudas planteadas por el PSOE, y que serán explicadas en la próxima Comisión de Urbanismo por el técnico municipal.
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